A la nacion:

La actitud asumida por las companias petroleras negandose a obedecer el mandato de la Justicia Nacional que por conducto de la Suprema Corte las condeno en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda economica que las propias empresas llevaron a los tribunales judiciales por inconformidad con las resoluciones de los Tribunales del Trabajo, impone al Ejecutivo de la Union el deber de buscar en los recursos de nuestra legislacion un remedio eficaz que evite definitivamente, para el presente y para el futuro, el que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse por la sola voluntad de las partes o de alguna de ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia como se pretende hacerlo en el presente caso, no haciendo mas que incidir con ello en la tesis misma de la cuestion que ha sido fallada. Hay que considerar que un acto semejante destruiria las normas sociales que regulan el equilibrio de todos los habitantes de una nacion, asi como el de sus actividades propias, y estableceria las bases de procedimientos posteriores a que apelarian las industrias de cualquiera indole establecidas en Mexico y que se vieran en conflictos con sus trabajadores o con la sociedad en que actuan; si pudieran maniobrar impunemente para no cumplir con sus obligaciones ni reparar los danos que ocasionaran con sus procedimientos y con su obstinacion.

Por otra parte, las companias petroleras, no obstante la actitud de serenidad del Gobierno y las consideraciones que les ha venido guardando, se han obstinado en hacer, fuera y dentro del pais, una campana sorda y habil que el Ejecutivo Federal hizo conocer hace dos meses a uno de los gerentes de las propias companias, y que este no nego, y que han dado el resultado que las mismas companias buscaron: lesionar seriamente los intereses economicos de la nacion, pretendiendo por este medio hacer nulas las determinaciones legales dictadas por las autoridades mexicanas.

Ya en estas condiciones no sera suficiente, en el presente caso, conseguir los procedimientos de ejecucion de sentencia que senalan nuestras leyes para someter a la obediencia a las companias petroleras, pues la substraccion de fondos verificada por ellas con antelacion al fallo del Alto Tribunal que las juzgo, impide que el procedimiento sea viable y eficaz; y por otra parte, el embargo sobre la produccion o el de las propias instalaciones y aun el de los fondos petroleros implicarian minuciosas diligencias que alargarian una situacion que por decoro debe resolverse desde luego, e implicarian tambien, la necesidad de solucionar los obstaculos que pondrian las mismas empresas, seguramente, para la marcha normal de la produccion para la colocacion inmediata de esta y para poder coexistir la parte afectada con la que indudablemente quedaria libre y en las propias manos de las empresas.

Y en esta situacion de suyo delicada, el Poder Publico se veria asediado por los intereses sociales de la nacion que seria la mas afectada, pues una produccion insuficiente de combustible para las diversas actividades del pais, entre las cuales se encuentran algunas tan importantes como las de transporte, o una produccion nula o simplemente encarecida por las dificultades, tendria que ocasionar, en breve tiempo, una situacion de crisis incompatible no solo con nuestro progreso, sino con la paz misma de la nacion; paralizaria la vida bancaria; la vida comercial en muchisimos de sus principales aspectos; las obras publicas que son de interes general se harian poco menos que imposibles y la existencia del propio Gobierno se pondria en grave peligro, pues perdido el poder economico por parte del Estado, se perderia asimismo el poder politico produciendose el caos.

Es evidente que el problema que las companias petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la nacion con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso el mas Alto Tribunal Judicial, no es un simple caso de ejecucion de sentencia, sino una situacion definitiva que debe resolverse con urgencia. Es el interes social de la clase laborante en todas la industrias del pais la que lo exige. Es el interes publico de los mexicanos y aun de los extranjeros que viven en la Republica y que necesitan de la paz y de la dinamica de los combustibles para el trabajo. Es la misma soberania de la nacion, que quedaria expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas, pretende eludir los mandatos y las obligaciones que les imponen autoridades del propio pais.

Se trata de un caso evidente y claro que obliga al Gobierno a aplicar la Ley de Expropiacion en vigor, no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia, sino porque habiendo quedado roto los contratos de trabajo entre las companias y sus trabajadores, por haberlo asi resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el Gobierno las instituciones de las companias, vendria la paralizacion inmediata de la industria petrolera, ocasionando esto males incalculables al resto de la industria y a la economia general del pais.

En tal virtud se ha expedido el decreto que corresponde y se han mandado ejecutar sus conclusiones, dando cuenta en este manifiesto al pueblo de mi pais, de las razones que se han tenido para proceder asi y demandar de la nacion entera el apoyo moral y material necesarios para afrontar las consecuencias de esta determinacion que no hubieramos deseado ni buscado por nuestro propio criterio.

La historia del conflicto del trabajo que culminara con este acto de emancipacion economica, es la siguiente:

• El ano de 1934 en relacion con la huelga planteada por los diversos sindicatos de trabajadores al servicio de la compania de petroleo El Aguila, S.A., el Ejecutivo de mi cargo acepto intervenir con el caracter de arbitro a fin de procurar un advenimiento conciliatorio entre las partes.

• En junio de 1934 se pronuncio el laudo relativo y en octubre del mismo ano, una sentencia aclaratoria fijando el procedimiento adecuado para revisar aquellas resoluciones que no hubiesen obtenido oportunamente la debida conformidad.

• A finales de 1935 y principios de 1936 el C. [ciudadano] Jefe del Departamento del Trabajo, por delegacion que le conferi, dicto diversos laudos sobre nivelacion, uniformidad de salarios y casos de contratacion, tomando como base el principio constitucional de la igualdad de salarios ante igualdad de trabajo.

• Con objeto de hacer desaparecer algunas anomalias, cito el propio Departamento, a una conferencia, a los representantes de las diversas agrupaciones sindicales, y en ellas se llego a un acuerdo sobre numerosos casos que se hallaban pendientes y reservandose otros por estar sujetos a investigaciones y analisis posteriores encomendados a comisiones integradas por representantes de trabajadores y patrones.

• El Sindicato de Trabajadores Petroleros convoco entonces a una asamblea extraordinaria en la que se fijaron los terminos de un contrato colectivo que fue rechazado por las companias petroleras una vez que les fue propuesto.

• En atencion a los deseos de las empresas y con el fin de evitar que la huelga estallara, se dieron instrucciones al Jefe del Departamento del Trabajo, para que, con la aquiescencia de las partes, procuraran la celebracion de una convencion obrero patronal encargada de fijar de comun acuerdo los terminos del contrato colectivo y mediante un convenio que se firmo el 27 de noviembre de 1936. En tal convencion, las empresas presentaron sus contraposiciones y en vista de la lentitud de los trabajos, se acordo modificar el estudio dividiendo las clausulas en economicas, sociales y administrativas para iniciar desde luego el examen de las primeras.

• Las contingencias de la discusion revelaron las dificultades existentes para lograr un acuerdo entre los trabajadores y las empresas cuyos puntos de vista se alejaban considerablemente, juzgando las companias que las proposiciones de los obreros eran exageradas y senalando a su vez los trabajadores la falta de comprension de las necesidades sociales y la intransigencia de las companias por lo que la huelga estallo, en mayo de 1937.

• Las companias ofrecieron, entonces y en respuesta a mis exhortaciones, aumentar los salarios y mejorar ciertas prestaciones y el Sindicato de Trabajadores, a su vez, resolvio plantear ante la Junta de Conciliacion el conflicto economico y levanto la huelga el 9 de junio.

En virtud de lo anterior, la Junta de Conciliacion y Arbitraje tomo conocimiento de ello y de acuerdo con las disposiciones legales relativas fue designada con el fin indicado, por el Presidente de la Junta, una comision de peritos constituida por personas de alta calidad moral y preparacion adecuada.

La comision rindio su dictamen encontrando que las empresas podian pagar por las prestaciones que en el mismo se senalan, la cantidad de $26 332 756,00 contra la oferta que hicieron las 17 companias petroleras durante la huelga de mayo de 1937. Los peritos declararon, de manera especial, que las prestaciones consideradas en el dictamen quedarian satisfechas totalmente con la suma propuesta, pero las empresas argumentaron que la cantidad senalada era excesiva y podria significar una erogacion mucho mayor que conceptuaron en un monto de $41 000 000,00. Ante tales aspectos de la cuestion el Ejecutivo de mi cargo auspicio la posibilidad de que el sindicato de trabajadores de la industria petrolera y las empresas debidamente representadas para tratar sobre el conflicto, llegaran a un arreglo, lo que no fue posible obtener en vista de la actitud negativa de las companias.

Sin embargo de ello, deseando el Poder Publico una vez mas lograr un convenio extrajudicial entre las partes en conflicto, ordeno a las autoridades del trabajo que hicieran saber a las companias petroleras su disposicion de intervenir para que los sindicatos de trabajadores aceptaran las aclaraciones que habian de hacerse en algunos puntos oscuros del laudo, y que mas tarde podrian prestarse a interpretaciones indebidas y asegurandoles que las prestaciones senaladas no rebasarian de manera alguna los $26 332 756,00 no habiendose logrado a pesar de la intervencion directa del Ejecutivo el resultado que se perseguia.

En todas y cada una de estas diversas gestiones del Ejecutivo para llegar a una final conclusion del asunto dentro de terminos conciliatorios y que abarcan periodos anteriores y posteriores al juicio de amparo que produjo este estado de cosas, quedo establecida la intransigencia de las companias demandadas.

Es por tanto preconcebida su actitud y bien meditada su resolucion para que la dignidad del Gobierno pudiera encontrar medios menos definitivos, y actitudes menos severas que lo llevaran a la resolucion del caso sin tener que apelar a la aplicacion de la Ley de Expropiacion.

Para mayor justificacion del acto que se anuncia, hagamos breve historia del proceso creador de las companias petroleras en Mexico y de los elementos con que se han desarrollado sus actividades.

Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traido al pais cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo.

Esta afirmacion es exagerada. Las companias petroleras han gozado durante muchos anos, los mas de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansion; de franquicias aduanales; de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio, unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petroliferos que la nacion les concesiono, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho publico, significan casi la totalidad del verdadero capital de que se habla.

Riqueza potencial de la nacion; trabajo nativo pagado con exiguos salarios; exencion de impuestos; privilegios economicos y tolerancia gubernamental, son los factores del auge de la industria del petroleo en Mexico.

Examinemos la obra social de las empresas: ¿En cuantos de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital, una escuela o un centro social, o una obra de aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un campo deportivo, o una planta de luz, aunque fuera a base de los muchos millones de metros cubicos del gas que desperdician las explotaciones?

¿En cual centro de actividad petrolifera, en cambio, no existe una policia privada destinada a salvaguardar intereses particulares, egoistas y algunas veces ilegales? De estas agrupaciones, autorizadas o no por el Gobierno, hay muchas historias de atropellos, de abusos y de asesinatos siempre en beneficio de la empresas.

¿Quien no sabe o no conoce la diferencia irritante que norma la construccion de los campamentos de las companias? Confort para el personal extranjero; mediocridad, miseria e insalubridad para los nacionales. Refrigeracion y proteccion contra insectos para los primeros; indiferencia y abandono, medico y medicinas siempre regateadas para los segundos; salarios inferiores y trabajos rudos y agotantes para los nuestros. Abuso de una tolerancia que se creo al amparo de la ignorancia, de la prevaricacion y de la debilidad de los dirigentes del pais, es cierto, pero cuya urdimbre pusieron en juego los inversionistas que no supieron encontrar suficientes recursos morales que dar en pago de la riqueza que han venido disfrutando.

Otra contingencia, forzosa del arraigo de la industria petrolera, fuertemente caracterizada por sus tendencias antisociales, y mas danosa que todas las enumeradas anteriormente, ha sido la persistente, aunque indebida intervencion de las empresas en la politica nacional.

Nadie discute ya si fue cierto o no que fueran sostenidas fuertes facciones de rebeldes por las empresas petroleras en la Huasteca Veracruzana y en el Istmo de Tehuantepec, durante los anos 1917 a 1920 contra el Gobierno constituido. Nadie ignora tampoco como en distintas epocas a las que senalamos y aun contemporaneas, las companias petroleras han alentado casi sin disimulos, ambiciones de descontentos contra el regimen del pais, cada vez que ven afectados sus negocios, ya con la fijacion de impuestos o con la rectificacion de privilegios que disfrutan o con el retiro de tolerancias acostumbradas. Han tenido dinero para armas y municiones para la rebelion. Dinero para la prensa antipatriotica que las defiende. Dinero para enriquecer a sus incondicionales defensores. Pero para el progreso del pais, para encontrar el equilibrio mediante una justa compensacion del trabajo, para el fomento de la higiene en donde ellas mismas operan, o para salvar de la destruccion las cuantiosas riquezas que significan los gases naturales que estan unidos con el petroleo en la naturaleza, no hay dinero, ni posibilidades economicas, ni voluntad para extraerlo del volumen mismo de sus ganancias. Tampoco lo hay para reconocer una responsabilidad que una sentencia les define, pues juzgan que su poder economico y su orgullo les escuda contra la dignidad y la soberania de una nacion que les ha entregado con largueza sus cuantiosos recursos naturales y que no puede obtener, mediante medidas legales, la satisfaccion de las mas rudimentarias obligaciones.

Es por lo tanto ineludible, como logica consecuencia de este breve analisis, dictar una medida definitiva y legal para acabar con este estado de cosas permanente en el que el pais se debate sintiendo frenado su progreso industrial por quienes tienen en sus manos el poder de todos los obstaculos y la fuerza dinamica de toda actividad, usando de ella no con miras altas y nobles, sino abusando frecuentemente de ese poderio economico hasta el grado de poner en riesgo la vida misma de la nacion, que busca elevar a su pueblo mediante sus propias leyes aprovechando sus propios recursos y dirigiendo libremente sus destinos.

Planteada asi la unica solucion que tiene este problema, pido a la nacion entera un respaldo moral y material suficiente para llevar a cabo una resolucion tan justificada, tan trascendente y tan indispensable.

El Gobierno ha tomado ya las medidas convenientes para que no disminuyan las actividades constructivas que se realizan en toda la Republica y para ello, pido al pueblo, confianza plena y respaldo absoluto en las disposiciones que el propio Gobierno tuviere que dictar.

Sin embargo, si fuere necesario, haremos el sacrificio de todas las actividades constructivas en las que la nacion ha entrado durante este periodo de Gobierno para afrontar los compromisos economicos que la aplicacion de la Ley de Expropiacion sobre intereses tan vastos nos demanda y aunque el subsuelo mismo de la Patria nos dara cuantiosos recursos economicos para saldar el compromiso de indemnizacion que hemos contraido, debemos aceptar que nuestra economia individual sufra tambien los indispensables reajustes, llegandose, si el Banco de Mexico lo juzga necesario, hasta la modificacion del tipo actual de cambio de nuestra moneda, para que el pais entero cuente con numerario y elementos que consoliden este acto de esencial y profunda liberacion economica de Mexico.

Es preciso que todos los sectores de la nacion se revistan de un franco optimismo y que cada uno de los ciudadanos, ya en sus trabajos agricolas, industriales, comerciales, de transporte, etc., desarrollen a partir de este momento una mayor actividad para crear nuevos recursos que vengan a revelar como el espiritu de nuestro pueblo, es capaz de salvar la economia del pais por el propio esfuerzo de sus ciudadanos.

Y como pudiera ser que los intereses que se debaten en forma acalorada en el ambiente internacional, pudieran tener de este acto de exclusiva soberania y dignidad nacional que consumamos, una desviacion de materia primas, primordiales para la lucha en que estan empenadas las mas poderosas naciones, queremos decir que nuestra explotacion petrolifera no se apartara un solo apice de la solidaridad moral que nuestro pais mantiene con las naciones de tendencia democratica y a quienes deseamos asegurar que la expropiacion decretada solo se dirige a eliminar obstaculos de grupos que no sienten la necesidad evolucionista de los pueblos, ni les doleria ser ellos mismos quienes entregaran el petroleo mexicano al mejor postor, sin tomar en cuenta las consecuencias que tienen que reportar las masa populares y las naciones en conflicto.

El Presidente de la Republica, Lazaro Cardenas. Palacio Nacional, a 18 de marzo de 1938.